DECLARACIÓN FINAL DEL ENCUENTRO EN NECOCLÍ EN LA AUDIENCIA PÚBLICA CON LA COMISIÓN SEGUNDA DE LA CAMARA DE REPRESENTANTES DE COLOMBIA

Translator

 


En el marco del encuentro “Caminando Juntos en el Darién” organizado por la Red Eclesial Latinoamericana y Caribeña de Migración, Desplazamiento, Refugio y Trata de Personas “Red Clamor” desarrollado en Necoclí (Antioquia) del 22 al 25 de julio de 2024, se realizó la Audiencia Pública convocada por la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes y la Asamblea de Antioquia, el 25 de julio, ante la crisis humanitaria provocada por la falta de garantías para la población migrante, que en su anhelo de una mejor vida se ve obligada a transitar por la frontera entre Colombia y Panamá por el conocido Tapón del Darién, exponiéndose a riesgos propios de la selva pero también de otras situaciones de vulneración de derechos.

Movidos por el llamado evangélico de Mateo 25, 45b: “les aseguro que todo lo que no hicieron por el más pequeño de mis hermanos, tampoco lo hicieron por mí”, queremos que Colombia se convierta en una comunidad de acogida, protección, promoción e integración, sin dejar fuera a nadie, porque la población migrante no es un descarte, todos cabemos en esta Casa Común. Pedimos al Gobierno Nacional que se abra al diálogo, a la solidaridad y la misericordia transformadora; pedimos a la comunidad internacional que vea de forma estructural el tema migratorio que va mucho más allá de la crisis humanitaria del Darién, para poder servir de mejor manera y construir juntos otro mundo posible, ese que nosotros llamamos como creyentes: el Reino de Dios

En ese sentido, la Red Clamor le hizo un llamado al Gobierno Nacional de fortalecer la atención a las necesidades básicas de las comunidades de las regiones del Urabá antioqueño y el Darién chocoano, que han sido históricamente olvidadas por el Estado. Es imposible pensarse en una atención integral a la población migrante si en las comunidades de acogida existen necesidades multidimensionales y problemáticas sociales.

Además, desde la Red Clamor hicimos un llamado de 10 puntos a los Representantes, Diputados, Ministerios e Instituciones del Estado colombiano que se hicieron presentes:

 


1.       Una articulación de las instituciones del Estado a nivel nacional, regional e internacional, liderada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Presidencia de la República de Colombia, para reactivar los mecanismos como el Parlamento Andino y el Observatorio de Migraciones y vincular otros países pertenecientes a la ruta del Darién, como lo es Chile, Ecuador, Brasil, Perú, entre otros. A su vez, animar a implementar mecanismos transnacionales que permitan analizar los contextos y dar respuestas a las situaciones que padece la población migrante, teniendo en cuenta que la situación del Darién va más allá de la frontera.

2.       Garantizar el derecho a migrar de manera segura, de manera que el Ministerio de Relaciones Exteriores y Migración Colombia desarrolle mecanismos efectivos para el acceso a las rutas de protección internacional, protección temporal y protección complementaria como lo menciona la sentencia de la Corte Constitucional SU 543 de 2023; no solo a las personas con vocación de permanencia, sino también a aquellas que se encuentran en tránsito. Promover vías de regularización permitirán robustecer la protección que cualquier migrante necesitaría en el territorio colombiano, según lo establecido por la Sentencia T 246-2024.

3.       Recalcar la necesidad de un enfoque en derechos humanos en la política integral migratoria, mediante el cual se incorporen medidas efectivas frente a las obligaciones del Estado y que responda a la normativa nacional, regional e internacional, en materia de los derechos económicos, sociales y culturales de las personas que deben migrar de manera forzada.

4.       Generar mecanismos de denuncia durante la ruta migratoria, así como también herramientas para compartir la información, teniendo una mayor intervención del Estado en el Darién.

5.       Crear mecanismos de prevención y protección, liderados por el Ministerio Público, la Fiscalía General de la Nación, Ministerio de Justicia y el Ministerio de Relaciones Exteriores frente a delitos hacía la población migrante. Es importante, reconocer y abordar las múltiples violaciones que surgen en la ruta con un enfoque de derechos para las víctimas, tornándose necesario incluir medidas de prevención y protección, rutas efectivas de atención y garantizar el pleno acceso a la justicia y de protección internacional, sin importar el estatus migratorio de la persona. De otro lado, incluir perfiles vulnerables que se presentan en la ruta: mujeres trans, hombres solos, mujeres con niños en brazos.

6.       Mejorar la coordinación de la respuesta intersectorial liderada por el Gobierno Nacional de la cooperación, donde participe la sociedad civil y la Iglesia, en aras de tener datos más acertados en coordinación con el Gobierno de Panamá que alimenten las políticas públicas y las acciones legislativas. Además, será necesario evaluar periódicamente las necesidades de protección de la población, dentro de las mesas migratorias y espacios que ya se encuentran en el territorio.

7.       Incluir a la Cámara de Comercio, Ministerio del trabajo y Superintendencia de Industria y Comercio para promover la integración socioeconómica mediante el favorecimiento a oportunidades laborales formales acordes al perfil migratorio de la población. Es necesario y urgente desarrollar programas de integración y reasentamiento con la comunidad de acogida y migrantes con vocación de permanencia que permitan la cohesión como sociedad y el disfrute de derechos.

8.       Llevar a cabo campañas de sensibilización dirigidas a la población colombiana para promover la solidaridad y la comprensión hacia los migrantes, reduciendo la xenofobia y la discriminación, así mismo informar los riesgos y costos que implica migrar. De la misma manera es prioritario apoyar a los gobiernos locales en la implementación de medidas de seguimiento y protección migratorias, así como la revisión del presupuesto asignado para atender estas necesidades.

9.       Mejorar la capacidad instalada para la atención y protección, especial a favor de la niñez, enfatizando en los niños, niñas y adolescentes separados o no acompañados. Es necesario considerar a la niñez migrante como sujetos de especial protección constitucional e internacional y garantizar su educación, salud, vivienda y alimentación mientras que se encuentran en el territorio.

10.   Solicitar a los negociadores de paz por parte del Gobierno Nacional, incluir como un punto central en los diálogos con actores armados no estatales el cese de acciones que atenten contra los derechos de los migrantes y de la población en general, en particular la trata y tráfico de personas en el marco de la violencia y el conflicto armado que acontece en la región. El delito de trata de personas cometido por las organizaciones criminales y los actores armados contra personas refugiadas y migrantes conlleva a una múltiple afectación debido a que se encuentra relacionado con otros delitos como amenazas, extorsiones, robos, asesinatos, tráfico de drogas y de armas, en los que terminan involucrados los mismos migrantes ante su desesperación por poder conseguir dinero para cruzar la frontera o simplemente para satisfacer sus necesidades básicas y no estar en situación de calle o playa. Por eso, su abordaje y respuesta como Estado debe ser de manera integral y, dada su dimensión transnacional, deben promoverse acciones de control desde una perspectiva regional.

Como Red Clamor pedimos incluir estos temas de forma prioritaria en sus agendas de trabajo tanto en el Congreso la República, como Gobierno Nacional y entidades territoriales, para garantizar el derecho a migrar desde la perspectiva de la protección de la dignidad humana de las personas que se ven forzadas a salir de su lugar de origen. 

 



Por último, le pedimos al Gobierno Nacional y algunos medios de comunicación que busquen estrategias para reducir la desinformación y en muchos casos de rechazo al extranjero (xenofobia) y al pobre (aporofobia), puesto que se ha venido creando una narrativa que culpa a las poblaciones migrantes de la criminalidad, el desempleo, la destrucción ecológica, cuando son sus países de origen quienes los han obligado a migrar por la falta de oportunidades y en la búsqueda de un sueño de una vida, que para muchos se transformó en pesadilla, han tenido que emprender este camino de manera forzosa.

Desde nuestros carismas hemos querido ser iglesia que sale al encuentro como madre de todas las personas, especialmente de quienes más sufren y no podemos guardar silencio ante el histórico olvido de nuestras comunidades originarias y de los sectores de la periferia a su derecho de ser parte de un país que pareciera ser para unos pocos.